Entre el avance de la soja, la explotación forestal y el constante proceso de urbanización, sólo en la última década Argentina perdió en bosques nativos una superficie mayor a la de Tierra del Fuego. Y la provincia de Buenos Aires, sin ser la más perjudicada, no ha quedado al margen del fenómeno. Sus montes originarios hoy sólo ocupan un porcentaje ínfimo de su territorio: apenas el 1,18%.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Cuatro Ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivo económico
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
Con esta realidad de fondo y una ley nacional que prevé incentivos por 2 mil millones de pesos para ayudar a preservar los bosques nativos, el gobierno bonaerense inauguró el martes pasado una audiencia pública para empezar a discutir qué es exactamente aquello que debe resguardarse y bajo qué criterios. De esa forma se espera llegar a fin de año con un proyecto de ley que evite que nuestros ecosistemas originarios terminen alguna vez por desaparecer.
Por lo pronto, la audiencia pública de la semana pasada no sólo sirvió para escuchar los planteos de distintas organizaciones civiles sino para que se conociera por primera vez algo que hasta ahora resultaba una incógnita: en qué medida nuestros bosques nativos lograron sobrevivir al avance de la frontera agropecuaria y urbanística de las últimas décadas.
Un relevamiento presentado entonces por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible puso en evidencia que los bosques originarios, en algún momento el 15% del territorio bonaerense, hoy se reducen a apenas 364 mil hectáreas. Proyectados sobre un mapa parecen pequeñas manchas dispersas en medio de una vasta extensión, pero son de hecho reservorios de vida que corren el riesgo de perderse para siempre.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en nuestro país fue de 2.295.567 hectáreas, lo que equivale a más de 250.000 hectáreas por año, 1 hectárea cada dos minutos.
Cuatro Ecosistemas
Para poder aprovechar los incentivos económicos que prevé la Ley Nacional de Bosques Nativos, la provincia de Buenos Aires, como todas las demás, debe contar primero con su propia ley de protección de bosques, lo que implica relevar las áreas y categorizarlas en función de su importancia. Con este fin, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible identificó en principio cuatro ecosistemas distintos en territorio bonaerense: la selva ribereña y delta, los talares de barranca, los talares de albardón y el caldenal.
Caracterizado por el caldén -un árbol espinoso que suele crecer en suelos áridos-, el caldenal es uno de los dos tipos de bosques nativos con mayor presencia en la Provincia, ya que abarca hoy unas 284 mil hectáreas entre Puán, Tornquist, Bahía Blanca y Villarino. Luego le sigue el talar de albardón, un ecosistema que se da en las zonas anegadizas de gran parte de litoral entre Punta Indio y General Lavalle, y que ocupa actualmente unas 56 mil hectáreas.
En orden de tamaño viene luego la selva ribereña y el delta con su vegetación de ceibos y sauces criollos, que se extiende desde Campana hasta Punta Indio ocupando unas 22 mil hectáreas; y el talar de barranca, que crece en las estribaciones de ríos como el Paraná o el Luján, sobre unas 1.800 hectáreas diseminadas entre San Pedro, San Nicolás, Baradero, Ramallo y Zárate.
Pero hay además un quinto tipo de bosque nativo que, por ser de carácter leñoso arbustivo, será puesto en debate para decidir si se lo incluye en el proyecto de ley. Se trata del monte arbustivo típico del sudoeste bonaerense, que ocupa hoy unas 400 mil hectáreas entre Patagones y Villarino. Por lejos el más extenso, representa en sí mismo una superficie cercana a la de los otros cuatro tipos de bosques juntos.
Protección
Sobre la base de este esquema inicial planteado por el OPDS, ahora deberá resolverse -primero en talleres participativos para elaborar un proyecto y luego en la Legislatura, para sancionarlo- qué grado de protección se le otorga a cada monte. Para ello se aplicarían en principio siete criterios de valoración que fueron propuestos en la audiencia pública de la semana pasada.
"Los criterios que propusimos pasan por considerar si son áreas protegidas, si resguardan márgenes de ríos, si implican zonas de conexión entre dos áreas de un mismo ecosistema, si son áreas de alta vulnerabilidad, si tienen algún valor sobresaliente, cuál es su potencial productivo y qué uso le otorga la comunidad. Con esas pautas se va a definir si una zona justifica un nivel de protección rojo, amarillo o verde", explica el licenciado Germán Larrán, Director Provincial de Recursos Naturales.
"Un bosque que merezca la categoría roja recibirá la máxima protección y supondrá un plan de conservación por el cual no se podrá desmontar. La categoría amarilla implica dos planes, un plan de conservación y otro de manejo sustentable; y la verde, tres: un plan de conservación, uno de manejo y uno de aprovechamiento con cambio de uso de suelo. Esto último implica que se permitiría el desmonte siempre y cuando haya una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental que lo apruebe", comenta Larrán.
Si bien el grado de protección que se le otorgue a cada monte se definirá a lo largo de los próximos meses a través de talleres participativos, el director provincial de Recursos Naturales calcula que "en principio las reservas van a recibir el máximo grado de protección" y "la zona del Delta quedaría bajo un modelo combinado entre la conservación de los montes relictuales y la explotación sustentable".
Incentivo económico
El hecho es así como cada nivel de protección conlleva condicionamientos para el uso de los bosques también implica incentivos económicos para sus dueños, ya sean particulares u organismos estatales. Y aunque no se conoce aún cuánto dinero se otorgará por hectárea -ya que eso dependerá de la distribución que se haga del Fondo Nacional de Bosques en base a cada provincia-, está claro que a mayor grado de protección, más dinero recibe titular.
"Lo valioso de la Ley de Bosques Nativos es que es una ley de protección pero también de aliento. Y es que al contemplar un Fondo para las provincias, los titulares de bosques van a tener por primera vez un incentivo económico para resguardarlos. Pero además, como incluye un régimen sancionatorio, también van aplicarse multas a quienes incumplan los cuidados", señala Larrán.
Probablemente pase más de un año antes de que los titulares de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires reciban algún tipo de incentivo para protegerlos. La audiencia pública de la semana pasada fue apenas el puntapié inicial para elaborar un proyecto de ley provincial que luego deberá ser evaluado por la Legislatura bonaerense. Y una vez sancionada la ley, ésta requerirá la convalidación del gobierno nacional para acceder al Fondo.
Pero lo cierto es que aún cuando se trata apenas del puntapié inicial, la audiencia de la semana pasada simbolizó un rotundo cambio de rumbo en la actitud del Estado bonaerense con respecto a los bosques nativos, un cambio que acaso logre ponerle freno definitivo a una larga historia de devastación.
