ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA
OCEBA
Resolución Nº 75/08
La Plata, 12 de marzo de 2008.
POR 1 DIA - VISTO: El Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley Nº 11.769 (T. O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente N° 2429-4701/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita una controversia entre el agente de la actividad eléctrica COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA y el señor Juan Carlos LAFALCE, en adelante el usuario, titular del suministro bajo número de socio 31028-01, ubicado en la calle C. Pellegrini N° 1220 PB de la ciudad de San Pedro, por el resarcimiento del daño producido en el artefacto eléctrico oportunamente denunciado, ocurrido el 1° de octubre de 2007, según constancias de los instrumentos glosados a fs. 1/10;
Que, por lo expuesto, se acredita el vínculo jurídico y la calidad de usuario a través de la constatación del número de suministro y la relación directa con la cosa riesgosa y el daño, con los presupuestos de reparación acompañados;
Que el usuario, de conformidad con los términos del Artículo 68 de la Ley 11.769, presentó su reclamo en primera instancia ante su distribuidor zonal del servicio público de electricidad, siendo rechazado por el mismo;
Que en esa primera instancia la Distribuidora ha tenido amplia oportunidad de tomar conocimiento del hecho, ejercer su defensa, cumplir con la Guía Regulatoria para la tramitación de daños en artefactos eléctricos, aprobada por Resolución OCEBA Nº 1.020/04 y, esencialmente, con su obligación de probar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder;
Que, a mayor abundamiento, la Distribuidora ha podido expresarse directamente ante el OCEBA, inicialmente con motivo de la solicitud de revisión de respuesta denegatoria al usuario y posteriormente mediante la evacuación del informe circunstanciado y descargo requerido al momento de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por la citada Resolución OCEBA Nº 1.020/04, persistiendo en su negativa y en la falta de presentación de prueba terminante sobre su pretendida falta de responsabilidad en el suceso (fs. 12 y 13/24);
Que, bajo esta perspectiva, cabe adelantar que la Concesionaria al momento de contestarle al reclamante su intención de no asumir el resarcimiento de los daños lo hizo a través de una misiva en donde limitó sus razones a manifestare al usuario que no se registraron en la zona de ubicación del suministro en el día y horario indicados, hechos que pudieran haber motivado deficiencias en la calidad técnica del servicio (f. 5);
Que, tal intento de fundamentación como respuesta denegatoria deviene escasa en tanto a los derechos que les asisten a los usuarios a una información adecuada y veraz, sin cumplir, además, con las previsiones de la Guía Regulatoria aplicable en la materia;
Que, a todo evento, para verificar el nexo de causalidad, la forma más concreta y suficiente resulta de atender al resultado;
Que de los dos informes técnicos aportados por el usuario se desprende como motivo del daño un exceso en la tensión de suministro (fs 1 y 2);
Que, en definitiva, causa será toda condición sin la cual el daño no se habría producido;
Que de lo actuado surge, con absoluta claridad, que no ha logrado cumplir con su carga probatoria perjudicando innecesariamente al usuario con tal actitud, al dilatar en el tiempo una justa expectativa de resarcimiento;
Que habiendo resuelto reiteradamente el OCEBA situaciones similares a la presente y siendo deber de la Distribuidora conocer sus obligaciones, como así también respetar los derechos de los usuarios, la insistencia de esta última en conductas reticentes y dilatorias en el reconocimiento de los daños, altera el equilibrio que la regulación económica exige;
Que se debe tener presente que la caracterización de servicio público de una actividad presupone las condiciones de continuidad, regularidad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, seguridad y calidad a favor de los usuarios, por lo que los términos legales que subsumen los casos en la responsabilidad objetiva y la obligación de resultado deben ser respetados totalmente por el Distribuidor, con fundamento en la pertinente evaluación de los riesgos asumidos y que, no obstante, lo llevaron a expresar un consentimiento afirmativo para hacerse cargo del servicio, sirviéndose además de la cosa riesgosa con fines de lucro;
Que al respecto el Distribuidor, de conformidad con los términos del Artículo 67 inciso f) de la Ley Nº 11.769, debe reconocer a favor de los usuarios del servicio público de electricidad el Derecho a ser compensado por los daños producidos a los bienes de su propiedad, causados por deficiencias del servicio imputables a quien realiza la prestación;
Que el Artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 11.769 establece, como primer objetivo político, el de proteger los Derechos de los usuarios de conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes;
Que el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley Nº 11.769, su Decreto Reglamentario N° 2.479/04 y los Contratos de Concesión suscriptos, se adecua y subordina a todo el plexo jurídico vigente de defensa de los usuarios, como lo es el Artículo 42 de la Constitución Nacional, el Artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley Nº 13.133), como así también a toda la normativa general, común y de fondo aplicable;
Que con relación al primer objetivo del Marco Regulatorio de protección al usuario, bien se ha expresado la doctrina en el sentido de que el mismo no debe ser tomado como mera declaración o aspiración de la Ley relevado de compromiso inmediato con el medio social al que se dirige;
Que en tal inteligencia, las declaraciones, objetivos y funciones incorporados al marco legal no pueden entenderse sino como una declaración de deberes y reconocimiento de derechos, so pretexto de desnaturalizar esta categoría jurídica llamada Ley (Defensa de los Consumidores de Productos y Servicios, Ediciones La Rocca, Capítulo del servicio público a cargo de Carlos A. ECHEVESTI, página 258);
Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la energía eléctrica que recibe el usuario en su domicilio se encuentra asimilada a las “cosas” y así lo confirma con total precisión el Artículo 2.311 in fine del Código Civil;
Que, además de atribuírsele legalmente el carácter de cosa, se está en condiciones de afirmar su naturaleza riesgosa por sus comprobados efectos sobre la integridad física de las personas y de los bienes (Revista de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina –ADEERA-, año III-XII-2005, La Seguridad Eléctrica);
Que, por lo tanto, los daños a los bienes de los usuarios del servicio público de electricidad deben ser considerados como producidos por el riesgo o vicio de la cosa en los términos del 2° párrafo del Artículo 1.113 del Código Civil, implicando ello una responsabilidad objetiva del Distribuidor y, consecuentemente, el deber de éste de asumir el peso de la carga probatoria para eximirse de responsabilidad, demostrando la no ocurrencia del hecho, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder;
Que, en abono a los términos legales, la jurisprudencia ha expresado uniformemente el carácter de cosa riesgosa de la electricidad y la aplicación consecuente de los Artículos 2.311 y 1.113, 2° párrafo, del Código Civil (CSJN, fallo del 15/10/87, La Ley, T° 1988-A, página 217, CN Civ., Sala E. fallo del 3/5/91, La Ley T° 1992-B, página 535);
Que, a mayor abundamiento, se ha dicho que: “…Resulta en materia de energía eléctrica, aplicable la norma del Artículo 1.113, 2° párrafo del Código Civil, toda vez que las disposiciones relativas a las cosas son aplicables a la energía eléctrica (Artículo 2.311 del Código Civil). Ello así en la órbita objetiva de la norma citada, la culpa del dueño o guardián de la cosa riesgosa cabe presumirla, por lo tanto para eximirse de la responsabilidad que objetivamente se le imputa, debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder…” (PEREZ, Tito c/EDENOR, s/Daños y Perjuicios, causa 75.609 j.7, Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda en lo Civil y Comercial de San Isidro);
Que la Ley Nº 24.240, referida a los Derechos del Consumidor, es de orden público y se encuentra receptada en el Artículo 3°, inciso a) del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 11.769, Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de que su aplicación es de carácter supletorio, sienta principios concluyentes para ser aplicados al caso;
Que en tal sentido la citada Ley Nº 24.240 establece, la presunción de culpabilidad de la empresa cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones (Artículo 30) y la responsabilidad solidaria del Distribuidor del servicio por el daño producto de vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio (Artículo 40);
Que, por tratarse de una temática reiteradamente resuelta como causal de daño por falla en la tensión del suministro y de menor cuantía, es de aplicación el Artículo 26 de la Resolución OCEBA N° 049/98 (Texto Ordenado por Resolución OCEBA N° 210/02), ello sin perjuicio de la amplitud de defensa que tuvo la Distribuidora frente al usuario reclamante para demostrar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder y de la presentación ante el OCEBA de los requisitos establecidos en la Guía Regulatoria aprobada por Resolución OCEBA N° 1.020/04;
Que a fs. 26 se ha expedido la Gerencia Control de Concesiones, expresando que: “…desde un punto de vista eminentemente técnico, la energía eléctrica, tanto en si misma, como así también, las actividades encargadas de generarla, transportarla y distribuirla, deben ser consideradas “cosa riesgosa”. Además en el servicio público de electricidad se pueden producir en el sistema fenómenos transitorios electromagnéticos que desembocan, muchas veces, en alteraciones en la tensión de corta duración que, (decenas de milisegundos, en muchos casos), y producen arcos disruptivos capaces de ocasionar daños permanentes para las instalaciones o artefactos eléctricos conectados. Consecuentemente y sobre la argumentación técnica precedente esta Gerencia procedió a evaluar la actuación de la Distribuidora en la primera instancia frente al usuario, no habiéndose probado por parte de aquélla, ni defectos en las instalaciones internas del usuario, ni otra causal imputable al damnificado o a un tercero por quien no deba responder (tal como lo exige la Guía Regulatoria OCEBA Nº 1.020/04), constituyendo en ello un proceder que contraviene al Derecho a una información adecuada y veraz…”;
Que a fs. 27 la Gerencia de Procesos Regulatorios, ha sostenido que: “ …la complejidad técnica del asunto en tratamiento sumado a la obligación de resultado y responsabilidad objetiva que caracteriza al servicio público de distribución de energía eléctrica, hace que no sea el usuario quien deba soportar la carga de la prueba del daño a sus bienes. Por lo cual una interpretación contraria, implicará invertir esa carga probatoria, obligándolo a este último a acreditar la culpa del distribuidor, figura fuerte de la relación y guardián de la cosa riesgosa, contradiciendo de tal manera los términos legales…”;
Que, asimismo, la Asesoría General de Gobierno ha dictaminado, reiteradamente de acuerdo a los criterios sostenidos en la presente en todos los recursos interpuestos por las Distribuidoras en los casos de daños de artefactos eléctricos, afirmando que las obligaciones asumidas por la Empresa Prestadora del servicio eléctrico son de resultado frente al usuario y, por ende, su responsabilidad es de carácter objetiva (Conforme Dictamen en expediente OCEBA N° 2429-1443/99, de fecha 22 de junio de 2000);
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 62 incisos a), b) y concordantes de la Ley Nº 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
Artículo 1º. Ordenar a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA resarcir, reparar, reponer o sustituir, en un plazo no mayor de treinta (30) días, el artefacto eléctrico dañado y denunciado por el usuario Juan Carlos LAFALCE, titular del suministro Socio N° 31028-01, de la calle Pellegrini N° 1220 PB, de la ciudad de San Pedro, como consecuencia de deficiencias en la calidad del servicio ocurridas el 1° de octubre de 2007.
Artículo 2° - Determinar que, de acuerdo a lo ordenado en el Artículo precedente, la suma a resarcir deberá realizarse en efectivo y en un solo pago, ajustándose el importe a abonar de acuerdo con la aplicación de los intereses correspondientes a la Tasa Pasiva que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones.
Artículo 3º. Establecer que la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA deberá acreditar, dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de su ejecución, el cumplimiento de lo ordenado en el Artículo Primero, remitiendo a tal efecto a este Organismo de Control la pertinente constancia, que incluirá la expresa conformidad del usuario damnificado.
Artículo 4° - Instruir a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA que, dado el carácter ejecutorio de los actos administrativos que dicta este Organismo de Control y sin perjuicio de los recursos que contra ellos pudieran interponerse, deberá dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma a lo ordenado en el Artículo Primero de la presente.
Artículo 5° - Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA y el usuario Juan Carlos LAFALCE. Cumplido, archivar.
Acta Nº 521.
Jorge A. San Miguel, Presidente. Alfredo O. Cordonnier, Vicepresidente. Alberto Diego Sarciat, Carlos Pedro González Sueyro, José Luis Arana, Directores.
C.C. 1.988
OCEBA
Resolución Nº 75/08
La Plata, 12 de marzo de 2008.
POR 1 DIA - VISTO: El Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley Nº 11.769 (T. O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente N° 2429-4701/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita una controversia entre el agente de la actividad eléctrica COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA y el señor Juan Carlos LAFALCE, en adelante el usuario, titular del suministro bajo número de socio 31028-01, ubicado en la calle C. Pellegrini N° 1220 PB de la ciudad de San Pedro, por el resarcimiento del daño producido en el artefacto eléctrico oportunamente denunciado, ocurrido el 1° de octubre de 2007, según constancias de los instrumentos glosados a fs. 1/10;
Que, por lo expuesto, se acredita el vínculo jurídico y la calidad de usuario a través de la constatación del número de suministro y la relación directa con la cosa riesgosa y el daño, con los presupuestos de reparación acompañados;
Que el usuario, de conformidad con los términos del Artículo 68 de la Ley 11.769, presentó su reclamo en primera instancia ante su distribuidor zonal del servicio público de electricidad, siendo rechazado por el mismo;
Que en esa primera instancia la Distribuidora ha tenido amplia oportunidad de tomar conocimiento del hecho, ejercer su defensa, cumplir con la Guía Regulatoria para la tramitación de daños en artefactos eléctricos, aprobada por Resolución OCEBA Nº 1.020/04 y, esencialmente, con su obligación de probar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder;
Que, a mayor abundamiento, la Distribuidora ha podido expresarse directamente ante el OCEBA, inicialmente con motivo de la solicitud de revisión de respuesta denegatoria al usuario y posteriormente mediante la evacuación del informe circunstanciado y descargo requerido al momento de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por la citada Resolución OCEBA Nº 1.020/04, persistiendo en su negativa y en la falta de presentación de prueba terminante sobre su pretendida falta de responsabilidad en el suceso (fs. 12 y 13/24);
Que, bajo esta perspectiva, cabe adelantar que la Concesionaria al momento de contestarle al reclamante su intención de no asumir el resarcimiento de los daños lo hizo a través de una misiva en donde limitó sus razones a manifestare al usuario que no se registraron en la zona de ubicación del suministro en el día y horario indicados, hechos que pudieran haber motivado deficiencias en la calidad técnica del servicio (f. 5);
Que, tal intento de fundamentación como respuesta denegatoria deviene escasa en tanto a los derechos que les asisten a los usuarios a una información adecuada y veraz, sin cumplir, además, con las previsiones de la Guía Regulatoria aplicable en la materia;
Que, a todo evento, para verificar el nexo de causalidad, la forma más concreta y suficiente resulta de atender al resultado;
Que de los dos informes técnicos aportados por el usuario se desprende como motivo del daño un exceso en la tensión de suministro (fs 1 y 2);
Que, en definitiva, causa será toda condición sin la cual el daño no se habría producido;
Que de lo actuado surge, con absoluta claridad, que no ha logrado cumplir con su carga probatoria perjudicando innecesariamente al usuario con tal actitud, al dilatar en el tiempo una justa expectativa de resarcimiento;
Que habiendo resuelto reiteradamente el OCEBA situaciones similares a la presente y siendo deber de la Distribuidora conocer sus obligaciones, como así también respetar los derechos de los usuarios, la insistencia de esta última en conductas reticentes y dilatorias en el reconocimiento de los daños, altera el equilibrio que la regulación económica exige;
Que se debe tener presente que la caracterización de servicio público de una actividad presupone las condiciones de continuidad, regularidad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, seguridad y calidad a favor de los usuarios, por lo que los términos legales que subsumen los casos en la responsabilidad objetiva y la obligación de resultado deben ser respetados totalmente por el Distribuidor, con fundamento en la pertinente evaluación de los riesgos asumidos y que, no obstante, lo llevaron a expresar un consentimiento afirmativo para hacerse cargo del servicio, sirviéndose además de la cosa riesgosa con fines de lucro;
Que al respecto el Distribuidor, de conformidad con los términos del Artículo 67 inciso f) de la Ley Nº 11.769, debe reconocer a favor de los usuarios del servicio público de electricidad el Derecho a ser compensado por los daños producidos a los bienes de su propiedad, causados por deficiencias del servicio imputables a quien realiza la prestación;
Que el Artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 11.769 establece, como primer objetivo político, el de proteger los Derechos de los usuarios de conformidad con las disposiciones constitucionales y normativas vigentes;
Que el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley Nº 11.769, su Decreto Reglamentario N° 2.479/04 y los Contratos de Concesión suscriptos, se adecua y subordina a todo el plexo jurídico vigente de defensa de los usuarios, como lo es el Artículo 42 de la Constitución Nacional, el Artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ley Nº 13.133), como así también a toda la normativa general, común y de fondo aplicable;
Que con relación al primer objetivo del Marco Regulatorio de protección al usuario, bien se ha expresado la doctrina en el sentido de que el mismo no debe ser tomado como mera declaración o aspiración de la Ley relevado de compromiso inmediato con el medio social al que se dirige;
Que en tal inteligencia, las declaraciones, objetivos y funciones incorporados al marco legal no pueden entenderse sino como una declaración de deberes y reconocimiento de derechos, so pretexto de desnaturalizar esta categoría jurídica llamada Ley (Defensa de los Consumidores de Productos y Servicios, Ediciones La Rocca, Capítulo del servicio público a cargo de Carlos A. ECHEVESTI, página 258);
Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, la energía eléctrica que recibe el usuario en su domicilio se encuentra asimilada a las “cosas” y así lo confirma con total precisión el Artículo 2.311 in fine del Código Civil;
Que, además de atribuírsele legalmente el carácter de cosa, se está en condiciones de afirmar su naturaleza riesgosa por sus comprobados efectos sobre la integridad física de las personas y de los bienes (Revista de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina –ADEERA-, año III-XII-2005, La Seguridad Eléctrica);
Que, por lo tanto, los daños a los bienes de los usuarios del servicio público de electricidad deben ser considerados como producidos por el riesgo o vicio de la cosa en los términos del 2° párrafo del Artículo 1.113 del Código Civil, implicando ello una responsabilidad objetiva del Distribuidor y, consecuentemente, el deber de éste de asumir el peso de la carga probatoria para eximirse de responsabilidad, demostrando la no ocurrencia del hecho, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder;
Que, en abono a los términos legales, la jurisprudencia ha expresado uniformemente el carácter de cosa riesgosa de la electricidad y la aplicación consecuente de los Artículos 2.311 y 1.113, 2° párrafo, del Código Civil (CSJN, fallo del 15/10/87, La Ley, T° 1988-A, página 217, CN Civ., Sala E. fallo del 3/5/91, La Ley T° 1992-B, página 535);
Que, a mayor abundamiento, se ha dicho que: “…Resulta en materia de energía eléctrica, aplicable la norma del Artículo 1.113, 2° párrafo del Código Civil, toda vez que las disposiciones relativas a las cosas son aplicables a la energía eléctrica (Artículo 2.311 del Código Civil). Ello así en la órbita objetiva de la norma citada, la culpa del dueño o guardián de la cosa riesgosa cabe presumirla, por lo tanto para eximirse de la responsabilidad que objetivamente se le imputa, debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder…” (PEREZ, Tito c/EDENOR, s/Daños y Perjuicios, causa 75.609 j.7, Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda en lo Civil y Comercial de San Isidro);
Que la Ley Nº 24.240, referida a los Derechos del Consumidor, es de orden público y se encuentra receptada en el Artículo 3°, inciso a) del Decreto Reglamentario de la Ley Nº 11.769, Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires;
Que sin perjuicio de que su aplicación es de carácter supletorio, sienta principios concluyentes para ser aplicados al caso;
Que en tal sentido la citada Ley Nº 24.240 establece, la presunción de culpabilidad de la empresa cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones (Artículo 30) y la responsabilidad solidaria del Distribuidor del servicio por el daño producto de vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio (Artículo 40);
Que, por tratarse de una temática reiteradamente resuelta como causal de daño por falla en la tensión del suministro y de menor cuantía, es de aplicación el Artículo 26 de la Resolución OCEBA N° 049/98 (Texto Ordenado por Resolución OCEBA N° 210/02), ello sin perjuicio de la amplitud de defensa que tuvo la Distribuidora frente al usuario reclamante para demostrar la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder y de la presentación ante el OCEBA de los requisitos establecidos en la Guía Regulatoria aprobada por Resolución OCEBA N° 1.020/04;
Que a fs. 26 se ha expedido la Gerencia Control de Concesiones, expresando que: “…desde un punto de vista eminentemente técnico, la energía eléctrica, tanto en si misma, como así también, las actividades encargadas de generarla, transportarla y distribuirla, deben ser consideradas “cosa riesgosa”. Además en el servicio público de electricidad se pueden producir en el sistema fenómenos transitorios electromagnéticos que desembocan, muchas veces, en alteraciones en la tensión de corta duración que, (decenas de milisegundos, en muchos casos), y producen arcos disruptivos capaces de ocasionar daños permanentes para las instalaciones o artefactos eléctricos conectados. Consecuentemente y sobre la argumentación técnica precedente esta Gerencia procedió a evaluar la actuación de la Distribuidora en la primera instancia frente al usuario, no habiéndose probado por parte de aquélla, ni defectos en las instalaciones internas del usuario, ni otra causal imputable al damnificado o a un tercero por quien no deba responder (tal como lo exige la Guía Regulatoria OCEBA Nº 1.020/04), constituyendo en ello un proceder que contraviene al Derecho a una información adecuada y veraz…”;
Que a fs. 27 la Gerencia de Procesos Regulatorios, ha sostenido que: “ …la complejidad técnica del asunto en tratamiento sumado a la obligación de resultado y responsabilidad objetiva que caracteriza al servicio público de distribución de energía eléctrica, hace que no sea el usuario quien deba soportar la carga de la prueba del daño a sus bienes. Por lo cual una interpretación contraria, implicará invertir esa carga probatoria, obligándolo a este último a acreditar la culpa del distribuidor, figura fuerte de la relación y guardián de la cosa riesgosa, contradiciendo de tal manera los términos legales…”;
Que, asimismo, la Asesoría General de Gobierno ha dictaminado, reiteradamente de acuerdo a los criterios sostenidos en la presente en todos los recursos interpuestos por las Distribuidoras en los casos de daños de artefactos eléctricos, afirmando que las obligaciones asumidas por la Empresa Prestadora del servicio eléctrico son de resultado frente al usuario y, por ende, su responsabilidad es de carácter objetiva (Conforme Dictamen en expediente OCEBA N° 2429-1443/99, de fecha 22 de junio de 2000);
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 62 incisos a), b) y concordantes de la Ley Nº 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
Artículo 1º. Ordenar a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA resarcir, reparar, reponer o sustituir, en un plazo no mayor de treinta (30) días, el artefacto eléctrico dañado y denunciado por el usuario Juan Carlos LAFALCE, titular del suministro Socio N° 31028-01, de la calle Pellegrini N° 1220 PB, de la ciudad de San Pedro, como consecuencia de deficiencias en la calidad del servicio ocurridas el 1° de octubre de 2007.
Artículo 2° - Determinar que, de acuerdo a lo ordenado en el Artículo precedente, la suma a resarcir deberá realizarse en efectivo y en un solo pago, ajustándose el importe a abonar de acuerdo con la aplicación de los intereses correspondientes a la Tasa Pasiva que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones.
Artículo 3º. Establecer que la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA deberá acreditar, dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de su ejecución, el cumplimiento de lo ordenado en el Artículo Primero, remitiendo a tal efecto a este Organismo de Control la pertinente constancia, que incluirá la expresa conformidad del usuario damnificado.
Artículo 4° - Instruir a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA que, dado el carácter ejecutorio de los actos administrativos que dicta este Organismo de Control y sin perjuicio de los recursos que contra ellos pudieran interponerse, deberá dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma a lo ordenado en el Artículo Primero de la presente.
Artículo 5° - Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA y el usuario Juan Carlos LAFALCE. Cumplido, archivar.
Acta Nº 521.
Jorge A. San Miguel, Presidente. Alfredo O. Cordonnier, Vicepresidente. Alberto Diego Sarciat, Carlos Pedro González Sueyro, José Luis Arana, Directores.
C.C. 1.988
